La Constitución establece que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (27.2).

Comoquiera que existen diversos modos de concebir la persona humana, también existen tipos de educación distintos, y cada centro debe expresar con claridad cómo concibe la educación y cómo va a ayudar a sus alumnos en su proceso de formación de acuerdo con los derechos de los padres. Ésta es la razón de ser de los proyectos educativos.

La LOE ha reconocido expresamente que los centros escolares pueden ser de dos clases, según su titularidad: los centros creados por los poderes públicos reciben el nombre de centros públicos, mientras que los creados por la iniciativa social, como expresión de la libertad de enseñanza, son conocidos como centros privados. La distinta naturaleza jurídica de unos y otros justifica que sus proyectos educativos sean, también, distintos.

Por otra parte, al establecer los currículos correspondientes a las diversas etapas del sistema educativo las Administraciones educativas deben limitarse a fijar unos objetivos y unos contenidos de enseñanza aptos para todos los ciudadanos, sea cual sea su opción ideológica. El proyecto educativo de cada centro escolar deberá manifestar claramente cómo orientará la educación que ofrecerá a sus alumnos, es decir, cómo piensa llevar a sus aulas los currículos establecidos por la Administración educativa competente.

Todas las leyes orgánicas que han regulado el ejercicio del derecho a la educación han reconocido expresamente el derecho de los padres a elegir el centro escolar en el que desean educar a sus hijos. La razón es evidente: hay una gran diversidad de proyectos educativos.

Ésta es también la razón por la que la LOE ha establecido que, en el momento de matricular a sus hijos en un centro escolar concreto, los padres deben conocer su proyecto educativo y comprometerse a respetarlo.

Documento Tipos de educación y proyectos educativos

La LOE distingue claramente tres ámbitos de autonomía de los centros escolares.
El ámbito pedagógico es el más importante, de tal modo que los otros dos están a su servicio.

– Ámbito pedagógico. Cada centro ejerce su autonomía en este ámbito por medio de su proyecto educativo, que elabora de acuerdo con su identidad. En los centros públicos, la aprobación del proyecto educativo corresponde al consejo escolar; en los centros privados, la aprobación corresponde al titular, porque el proyecto educativo es la concreción y la garantía del carácter propio de cada centro. Éste expresa el tipo de educación ofrecido a las familias.

– Ámbito de organización. Los centros públicos ejercen su autonomía mediante las normas de organización y funcionamiento, que no constituyen un componente del proyecto educativo sino que están a su servicio; son aprobadas por el consejo escolar. En los centros privados concertados, estas normas suelen recibir el nombre de reglamento de régimen interior, y su aprobación corresponde al consejo escolar a propuesta del titular del centro.

– Ámbito de gestión (económica, laboral, administrativa). Según la LOE, los centros públicos ejercen su autonomía en este ámbito mediante un proyecto de gestión. Los centros privados se rigen por los criterios propios de las empresas privadas (convenio laboral, gestión económica, etc.), con las limitaciones que la LODE y la LOE prevén para los centros concertados.

La programación general anual deberá recoger los aspectos del reglamento de régimen interior y del proyecto educativo que hayan requerido una aprobación específica para el curso escolar que corresponda. Ejemplos: el calendario escolar, los horarios, la composición de equipos y departamentos, la distribución de profesores y alumnos, las tutorías, las opciones preferentes de carácter anual, la aplicación concreta de planes y programas, la organización de actividades, etc.

En muchos centros, la programación general anual es llamada plan anual.

Documento Los documentos básicos del centro escolar (Francesc Riu)

Cada escuela tiene su identidad, no sólo a efectos administrativos sino por razón de su origen, su historia, el contexto sociocultural y la zona en la que presta sus servicios, la configuración de su comunidad educativa, su relación con el entorno y con otros centros docentes, las etapas que imparte, las experiencias educativas realizadas, el proceso de innovación que ha seguido y los resultados alcanzados, sus previsiones de futuro, etc.

Si no hay dos escuelas iguales, y cada escuela ejerce la autonomía de que goza de acuerdo con sus capacidades, tampoco habrá dos proyectos educativos iguales.

Por ello, al iniciar el proceso de elaboración del proyecto educativo, lo primero que deberá hacer el equipo directivo será describir la identidad del propio centro y sus características más sobresalientes, porque el conjunto del proyecto educativo tendrá razón de ser en función de este centro concreto, por lo que ha sido, por lo que ahora es y por lo que deberá ser en un futuro próximo. De poco o de nada le serviría utilizar modelos que pueden haber sido válidos en otras circunstancias y para otros centros.

La descripción de la identidad y las características más importantes de cada escuela, la orientación y el carácter de su oferta formativa, y los objetivos y los valores que van a ser objeto de una opción preferente en la situación en que se encuentra, deberán constituir el núcleo básico de su proyecto educativo y determinarán la orientación de los demás componentes del mismo proyecto.

Documento VADEMÉCUM del proyecto educativo de un centro docente público (Francesc Riu)
DocumentoVADEMÉCUM del proyecto educativo de un centro docente privado (Francesc Riu)

Convendrá que cada centro elabore su proyecto educativo en el respeto a lo establecido por la LOE y lo que el gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva haya previsto, evitando la adopción de una actitud tan sumisa y acrítica que le impida elaborar un proyecto educativo adaptado a sus necesidades.

La lectura serena y razonada del contenido del artículo 121 de la LOE, y un poco de creatividad, nos permiten agrupar los componentes del proyecto educativo de un centro escolar en cuatro categorías:

a) Identidad del centro y finalidad de la educación. La especificidad del centro y los principios que determinarán la orientación y garantizarán la calidad del conjunto de su oferta educativa. Si se trata de un centro privado, y cuando proceda, este primer componente del proyecto educativo será una síntesis del documento en el cual el titular habrá expresado el carácter propio del centro.

b) Opciones preferentes. Los valores y los objetivos educativos a los que cada centro considere oportuno atribuir un carácter prioritario en las circunstancias en que se encuentra.

c) Concreción de los currículos. El resultado de completar y desarrollar los currículos correspondientes a las etapas educativas impartidas en el centro, e incluirá el tratamiento transversal de la educación en valores y otras enseñanzas a lo largo de cada etapa.

d) Planes y programas. Los que cada centro considere oportunos según sus necesidades, incluyendo los que la misma Ley prescribe o que la Administración educativa haya previsto para los centros de su ámbito territorial.

Documento VADEMÉCUM del proyecto educativo de un centro docente público (Francesc Riu)
Documento VADEMÉCUM del proyecto educativo de un centro docente privado (Francesc Riu)
Documento Regulación del proyecto educativo en las CCAA

Sin duda podremos decir lo mismo de las leyes que se aprueben en las diversas Comunidades Autónomas.

Recordemos estos dos principios fundamentales.

Primer principio. “Todos tienen derecho a la educación”. ¿Por qué sólo una de las leyes orgánicas aprobadas tuvo el coraje de recordar que los padres tienen el “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”? ¿Por qué tanta alergia a reconocer y garantizar el ejercicio de este derecho fundamental, aunque sólo sea por respeto la Declaración Universal de Derechos Humanos?

Segundo principio. “Se reconoce la libertad de enseñanza”. ¿Por qué este principio constitucional no se lleva a la práctica hasta las últimas consecuencias? ¿Quién tiene miedo a la libertad de enseñanza? En todos los seres vivos, los miembros y las capacidades que no se utilizan acaban atrofiados. Pues bien, la escuela es un ser vivo, y una de sus capacidades es elaborar y llevar a la práctica un proyecto educativo.

En todo centro escolar, el proyecto educativo tiene razón de ser como garantía del derecho de todos a la educación en un marco de libertad de enseñanza.

Documento Derecho de todos a la educación y libertad de enseñanza

La LOE ha hecho bien en proclamar solemnemente que “los centros dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo”. Es cierto que luego se le va la mano al precisar que el proyecto educativo de cada centro debe incluir unos componentes determinados; pero la Ley no dice, porque no puede hacerlo, qué orientación educativa y pedagógica debe darse a cada uno de ellos.

La LOE tampoco impide que el conjunto del proyecto educativo de un centro escolar defina con claridad cuál es su modelo educativo y con qué criterios va a impartir los contenidos de enseñanza establecidos en los currículos.

Por ello, el riesgo que corren los equipos directivos de los centros escolares es creer que éstos deben limitarse a hacer lo que las Administraciones educativas establezcan en cada momento. Esto equivaldría a no dar ninguna importancia a su autonomía en el ámbito pedagógico.

No lo olvidemos: si un centro escolar no ejerciera la libertad que le corresponde, acabaría perdiéndola.

Documento Qué actitud adoptar ante el proyecto educativo

Al presentar las competencias básicas como uno de los componentes de los currículos de las etapas correspondientes a las enseñanzas obligatorias, ya se ha subrayado que de ningún modo se proponen presentar un modelo concreto de educación integral.

El motivo de esta limitación es evidente: no corresponde a los poderes públicos establecer, para todos los ciudadanos, un único tipo de educación basado en una determinada concepción de la persona, la vida y el mundo, que es la que puede justificar un modelo bien definido de educación integral.

Este principio, aplicado a las competencias básicas en las enseñanzas obligatorias, debe aplicarse igualmente a los demás componentes de los currículos que las Administraciones educativas establezcan para las diversas etapas del sistema educativo.

Es más, el proyecto educativo constituye el ámbito en el que todo centro escolar debe definir y dar a conocer cuál es el diseño de educación integral que determina el conjunto de las acciones formativas en las que los alumnos participarán activamente.

Por ello, el centro escolar que no atribuyese a su proyecto educativo la importancia que le corresponde cometería un grave error: no sabría qué pretende ni hacia dónde va.

Cuando en un centro escolar se plantea la cuestión de la educación integral de los alumnos, es habitual recurrir a la consideración de las cinco dimensiones de la persona humana que han de ser debidamente atendidas. Con ello se da a entender que el olvido de alguna de estas dimensiones supondría una inadmisible reducción del mismo concepto de educación integral.

He aquí una forma de distinguir estas cinco dimensiones a las que podrá referirse el modelo de educación integral adoptado por un centro escolar:

• Dimensión física y psicomotora.
• Dimensión intelectual cognitiva.
• Dimensión afectivo-emocional.
• Dimensión sociocultural.
• Dimensión ético-trascendente.

Por la orientación específica que quieren dar a la educación integral ofrecida a sus alumnos, algunos centros prefieren dar el nombre de dimensión espiritual a la quinta de las cinco dimensiones indicadas.

El proyecto educativo de cada centro deberá expresar con claridad el alcance atribuido a cada una de estas dimensiones de la persona humana, poniendo a su servicio los currículos que las Administraciones educativas hayan establecido para las diversas etapas.

Los objetivos generales de una etapa constituyen la parte más importante de su currículo. Se refieren a las capacidades que todos los alumnos han de desarrollar a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje que cada profesor programa según la diversidad de situaciones en que se encuentran sus alumnos.

Por tratarse de unos objetivos que deben ser propuestos a todos los alumnos, los objetivos generales de etapa definen algunos aspectos básicos de un modelo de educación integral de carácter genérico válido para todos.

Para la consecución de los objetivos generales, el mismo currículo establece unas áreas o materias, y asigna a cada una los objetivos (parciales), los contenidos de enseñanza, los métodos y los criterios de evaluación.

Si un alumno alcanza los objetivos correspondientes a todas las áreas o materias, también alcanzará los objetivos generales de la etapa en grado satisfactorio. Por ello, los objetivos generales de etapa determinan las áreas o materias adecuadas en cada caso.

Las competencias básicas son una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes que todos los alumnos deben adquirir a lo largo de las etapas obligatorias. Por una razón: son competencias que se consideran imprescindibles para el desarrollo personal, la inclusión social y el acceso a un empleo.

Por tanto, las competencias básicas están implícitas en los objetivos generales de las dos etapas de la educación básica; como debe ser, entre éstos y aquéllas existe una relación muy estrecha.

Es decir, todos los alumnos que hayan alcanzado los objetivos generales de estas dos etapas en grado satisfactorio, también habrán desarrollado las ocho competencias básicas en un nivel más que suficiente, pero no al revés.

Los profesores deberán tener siempre en el punto de mira las competencias básicas, con el fin de asegurar que todos los alumnos, sin distinción de ningún tipo, las hayan desarrollado de forma adecuada al terminar las enseñanzas obligatorias.

Las competencias básicas no las ha inventado la LOE. Esta Ley se ha limitado a cumplir una Recomendación del Parlamento Europeo.

En 1997 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya hablaba de unas competencias clave (Key competences) para referirse a los conocimientos y las destrezas que todos los estudiantes tenían que haber adquirido al terminar las enseñanzas obligatorias, con el objetivo de facilitar su participación activa en la sociedad y el acceso a un empleo. El famoso Informe PISA se basa en el análisis del grado de adquisición de estas competencias clave por parte de los alumnos de una edad determinada.

En el año 2006 el Parlamento Europeo recomendó a todos los Estados miembros que incorporasen en las enseñanzas obligatorias la referencia explícita a ocho competencias clave, descritas con detalle con el fin de asegurar la debida homologación. La necesaria igualdad de todos los ciudadanos de la Unión Europea para el acceso al empleo requiere esta homologación.

Por esta razón, la Ley Orgánica de Educación (LOE) se ha referido a las competencias básicas, pero lo ha hecho de modo confuso. Los Reales Decretos que establecen las enseñanzas mínimas de las etapas de la educación básica han subrayado que las competencias básicas se refieren a los “aprendizajes que se consideran imprescindibles” en todos los ciudadanos.