Por qué existe una gran diversidad de proyectos educativos

La educación de una persona puede tener orientaciones distintas.
Esta razón justifica la pluralidad de ofertas educativas que caracteriza a las sociedades democráticas.

La Constitución establece que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (27.2).

Comoquiera que existen diversos modos de concebir la persona humana, también existen tipos de educación distintos, y cada centro debe expresar con claridad cómo concibe la educación y cómo va a ayudar a sus alumnos en su proceso de formación de acuerdo con los derechos de los padres. Ésta es la razón de ser de los proyectos educativos.

La LOE ha reconocido expresamente que los centros escolares pueden ser de dos clases, según su titularidad: los centros creados por los poderes públicos reciben el nombre de centros públicos, mientras que los creados por la iniciativa social, como expresión de la libertad de enseñanza, son conocidos como centros privados. La distinta naturaleza jurídica de unos y otros justifica que sus proyectos educativos sean, también, distintos.

Por otra parte, al establecer los currículos correspondientes a las diversas etapas del sistema educativo las Administraciones educativas deben limitarse a fijar unos objetivos y unos contenidos de enseñanza aptos para todos los ciudadanos, sea cual sea su opción ideológica. El proyecto educativo de cada centro escolar deberá manifestar claramente cómo orientará la educación que ofrecerá a sus alumnos, es decir, cómo piensa llevar a sus aulas los currículos establecidos por la Administración educativa competente.

Todas las leyes orgánicas que han regulado el ejercicio del derecho a la educación han reconocido expresamente el derecho de los padres a elegir el centro escolar en el que desean educar a sus hijos. La razón es evidente: hay una gran diversidad de proyectos educativos.

Ésta es también la razón por la que la LOE ha establecido que, en el momento de matricular a sus hijos en un centro escolar concreto, los padres deben conocer su proyecto educativo y comprometerse a respetarlo.